Con 31 votos a favor, el Pleno de la LXVI Legislatura estatal aprobó el dictamen con el cual se establece que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral estatal a la fecha de corte de julio de cada año, por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Lo anterior, representa una reducción del 50 por ciento en relación con lo establecido en la legislación, toda vez que refería la multiplicación del total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral local por el 65 por ciento de la UMA.
Con la entrada en vigor de esta reforma se permitirá reforzar las necesidades más apremiantes de la sociedad veracruzana, en materias como educación, salud, fuentes de trabajo, seguridad e infraestructura de comunicación, entre otras. Esta reducción de financiamiento a los partidos políticos nacionales se juzga pertinente, ya que posibilitará destinar mayores recursos a los citados rubros de bienestar social, expone el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales.
Se prevé que el ahorro ascienda a más de 500 millones de pesos (mdp) en lo que resta de la actual administración estatal, los cuales podrían destinarse al fortalecimiento de programas de bienestar social y al mejoramiento de los servicios básicos como salud, educación y seguridad.
Asimismo, refiere que la modificación resulta viable y apegada a la ley al no vulnerar los derechos de los partidos políticos nacionales, ya que éstos, adicionalmente a los recursos estatales, cuentan con financiamiento público federal, determinado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por otra parte, el documento expone que, de acuerdo con sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es válido el argumento para reducir dicho financiamiento público estatal destinado a los partidos políticos nacionales, ya que las entidades federativas cuentan con libertad de configuración legislativa para establecer las reglas correspondientes a su determinación y distribución.
En tanto que para el caso de los partidos locales no existe tal potestad de libre diseño normativo, en vista de que, para ese tipo de institutos políticos de registro local, las reglas correspondientes al financiamiento público están expresamente señaladas en la Ley General de Partidos Políticos.
A través de un transitorio se establece que la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de este Congreso deberá prever en el dictamen con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 y, en su caso, el Pleno del Congreso del Estado, los ajustes presupuestales pertinentes, a fin de materializar las disposiciones de la presente reforma. El dictamen registró también 14 votos en contra.
Debate
En el debate sobre la reforma y en nombre del grupo legislativo de Morena, el diputado Luis Arturo Santiago Martínez precisó que la reforma ayudaría a que los recursos que se ahorren por concepto de financiamiento a partidos sean destinados a salud, educación y seguridad pública “la forma en cómo votemos decidirá de qué lado estamos, si a favor del dinero o a favor del pueblo veracruzano”.
Añadió que la reducción no significa impedir el trabajo de los partidos, ya que también reciben financiamiento nacional.
En nombre del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín subrayó que, a su consideración, este dictamen no es procedente, toda vez que el proceso electoral en la entidad aún no ha concluido y prueba de ello es la designación, en breve, de concejos municipales ante la anulación de elecciones.
Por el partido Movimiento Ciudadano (MC), la legisladora Ruth Callejas Roldán indicó que en diferentes ocasiones el instituto político en el que milita ha propuesto la eliminación del cien por ciento del financiamiento público a todos los partidos. Agregó que los partidos deben ser sostenidos por militantes y simpatizantes, por lo que esta reforma no atiende de fondo ni soluciona este esquema, sino que abre la brecha de desigualdad entre las fuerzas políticas.
Del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Enrique Cambranis Torres señaló que debe cuidarse no cometer los errores de la pasada Legislatura al reformar el Código Electoral y que sea la Corte la que “corrija la plana”.
En cuanto al debate en lo general participaron los diputados Miguel David Hermida Copado, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Jaime Enrique de la Garza Martínez y la diputada Verónica Pulido Herrera, quienes expresaron su voto en contra.
El legislador Roberto Francisco San Román Solana anunció su voto a favor al considerar que con esta reforma se podrá destinar recursos públicos para la gente que más necesita el apoyo del Estado. “El dinero es del pueblo y no para líderes de partidos. Estamos comprometidos y levantaremos la voz por los que menos tienen”, concluyó.
Lo anterior, representa una reducción del 50 por ciento en relación con lo establecido en la legislación, toda vez que refería la multiplicación del total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral local por el 65 por ciento de la UMA.
Con la entrada en vigor de esta reforma se permitirá reforzar las necesidades más apremiantes de la sociedad veracruzana, en materias como educación, salud, fuentes de trabajo, seguridad e infraestructura de comunicación, entre otras. Esta reducción de financiamiento a los partidos políticos nacionales se juzga pertinente, ya que posibilitará destinar mayores recursos a los citados rubros de bienestar social, expone el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales.
Se prevé que el ahorro ascienda a más de 500 millones de pesos (mdp) en lo que resta de la actual administración estatal, los cuales podrían destinarse al fortalecimiento de programas de bienestar social y al mejoramiento de los servicios básicos como salud, educación y seguridad.
Asimismo, refiere que la modificación resulta viable y apegada a la ley al no vulnerar los derechos de los partidos políticos nacionales, ya que éstos, adicionalmente a los recursos estatales, cuentan con financiamiento público federal, determinado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por otra parte, el documento expone que, de acuerdo con sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es válido el argumento para reducir dicho financiamiento público estatal destinado a los partidos políticos nacionales, ya que las entidades federativas cuentan con libertad de configuración legislativa para establecer las reglas correspondientes a su determinación y distribución.
En tanto que para el caso de los partidos locales no existe tal potestad de libre diseño normativo, en vista de que, para ese tipo de institutos políticos de registro local, las reglas correspondientes al financiamiento público están expresamente señaladas en la Ley General de Partidos Políticos.
A través de un transitorio se establece que la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de este Congreso deberá prever en el dictamen con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 y, en su caso, el Pleno del Congreso del Estado, los ajustes presupuestales pertinentes, a fin de materializar las disposiciones de la presente reforma. El dictamen registró también 14 votos en contra.
Debate
En el debate sobre la reforma y en nombre del grupo legislativo de Morena, el diputado Luis Arturo Santiago Martínez precisó que la reforma ayudaría a que los recursos que se ahorren por concepto de financiamiento a partidos sean destinados a salud, educación y seguridad pública “la forma en cómo votemos decidirá de qué lado estamos, si a favor del dinero o a favor del pueblo veracruzano”.
Añadió que la reducción no significa impedir el trabajo de los partidos, ya que también reciben financiamiento nacional.
En nombre del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín subrayó que, a su consideración, este dictamen no es procedente, toda vez que el proceso electoral en la entidad aún no ha concluido y prueba de ello es la designación, en breve, de concejos municipales ante la anulación de elecciones.
Por el partido Movimiento Ciudadano (MC), la legisladora Ruth Callejas Roldán indicó que en diferentes ocasiones el instituto político en el que milita ha propuesto la eliminación del cien por ciento del financiamiento público a todos los partidos. Agregó que los partidos deben ser sostenidos por militantes y simpatizantes, por lo que esta reforma no atiende de fondo ni soluciona este esquema, sino que abre la brecha de desigualdad entre las fuerzas políticas.
Del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Enrique Cambranis Torres señaló que debe cuidarse no cometer los errores de la pasada Legislatura al reformar el Código Electoral y que sea la Corte la que “corrija la plana”.
En cuanto al debate en lo general participaron los diputados Miguel David Hermida Copado, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Jaime Enrique de la Garza Martínez y la diputada Verónica Pulido Herrera, quienes expresaron su voto en contra.
El legislador Roberto Francisco San Román Solana anunció su voto a favor al considerar que con esta reforma se podrá destinar recursos públicos para la gente que más necesita el apoyo del Estado. “El dinero es del pueblo y no para líderes de partidos. Estamos comprometidos y levantaremos la voz por los que menos tienen”, concluyó.
