El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en el Congreso de Veracruz presentó al Pleno una iniciativa que reformaría diversas disposiciones del artículo 196 del Código Penal del estado, con la finalidad de actualizar el listado de motivos de discriminación y, a su vez, prever una sanción más severa cuando quien comete este tipo de delitos es un servidor público.
Durante la séptima sesión ordinaria, última del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales esta propuesta que plantea aumentar, en un tercio, las penas para servidores públicos que cometan el delito de discriminación y también se establecería el incremento de sanciones, en una mitad más, en el supuesto de que la conducta sea cometida por una persona con quien la víctima tenga una relación de subordinación laboral.
De esta manera, se incorporaría a las opiniones, como uno de los motivos de discriminación y se establecería que quien cometa esta conducta ilícita, o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, se le impondrían de uno a tres años de prisión, hasta 100 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, al servidor público que en ejercicio de su función incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo o niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista anteriormente; además, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por una persona con quien la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad, añade la iniciativa.
Con esta propuesta, el grupo PRI-PVEM pretende incidir en la consolidación de un marco jurídico local acorde con las normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, entre éstos al de no ser discriminados, a partir del reconocimiento de que las prácticas discriminatorias vulneran la dignidad y las libertades fundamentales de las personas.
Durante la séptima sesión ordinaria, última del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales esta propuesta que plantea aumentar, en un tercio, las penas para servidores públicos que cometan el delito de discriminación y también se establecería el incremento de sanciones, en una mitad más, en el supuesto de que la conducta sea cometida por una persona con quien la víctima tenga una relación de subordinación laboral.
De esta manera, se incorporaría a las opiniones, como uno de los motivos de discriminación y se establecería que quien cometa esta conducta ilícita, o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, se le impondrían de uno a tres años de prisión, hasta 100 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, al servidor público que en ejercicio de su función incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo o niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista anteriormente; además, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por una persona con quien la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad, añade la iniciativa.
Con esta propuesta, el grupo PRI-PVEM pretende incidir en la consolidación de un marco jurídico local acorde con las normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, entre éstos al de no ser discriminados, a partir del reconocimiento de que las prácticas discriminatorias vulneran la dignidad y las libertades fundamentales de las personas.
