El Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó al Pleno una iniciativa que busca reformar el Artículo 101 del Código Civil estatal para establecer una excepción al Derecho de Preferencia que tienen actualmente los cónyuges e hijos respecto de los ingresos y bienes de quien los sostenga económicamente, cuando exista una pensión alimenticia decretada, en favor de exparejas del mismo deudor.
De acuerdo con la propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y de los legisladores Jorge Moreno Salinas, Antonio García Reyes y Rodrigo García Escalante, se busca incorporar en el citado artículo que el Derecho Preferente a recibir alimentos no podrá ejercerse respeto de los excónyuges, exconcubinos o exparejas que gocen de una pensión alimenticia previamente determinada.
El documento precisa que con esta modificación al Código Civil no se pretende anular derechos alimentarios de cónyuges e hijos, sino otorgar a quienes sostuvieron una relación de pareja con esos mismos deudores alimentarios y que adquirieron con antelación idénticos derechos, la garantía de que éstos no podrán ser relegados como consecuencia de nuevos vínculos matrimoniales de las personas obligadas a proporcionarles alimentos.
Asimismo, indica que, en la mayoría de los casos, las personas que concluyen una relación matrimonial, de concubinato o de pareja estable y que tienen decretada a su favor una pensión alimenticia son mujeres, “Muchas de ellas sin posibilidades reales de acceder a un mercado laboral en el que se les retribuya adecuadamente, en razón de ubicarse en ciertos casos en un rango de edad que dificulta su contratación o por no haber tenido la oportunidad de acceder a una mayor preparación académica, al haberse dedicado preponderantemente al hogar o al cuidado de los hijos durante la relación de pareja”.
Por otra parte, refiere que uno de los puntos a considerar para esta modificación es el número creciente de divorcios en el país, toda vez que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019, en México se registraron 504 mil 923 matrimonios y 160 mil 107 divorcios. “Es decir, por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.7 divorcios, y se detalla que, a través del tiempo, esta relación ha ido en incremento, al pasar de 15.1 en 2010 a 31.7 en 2019”.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
De acuerdo con la propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y de los legisladores Jorge Moreno Salinas, Antonio García Reyes y Rodrigo García Escalante, se busca incorporar en el citado artículo que el Derecho Preferente a recibir alimentos no podrá ejercerse respeto de los excónyuges, exconcubinos o exparejas que gocen de una pensión alimenticia previamente determinada.
El documento precisa que con esta modificación al Código Civil no se pretende anular derechos alimentarios de cónyuges e hijos, sino otorgar a quienes sostuvieron una relación de pareja con esos mismos deudores alimentarios y que adquirieron con antelación idénticos derechos, la garantía de que éstos no podrán ser relegados como consecuencia de nuevos vínculos matrimoniales de las personas obligadas a proporcionarles alimentos.
Asimismo, indica que, en la mayoría de los casos, las personas que concluyen una relación matrimonial, de concubinato o de pareja estable y que tienen decretada a su favor una pensión alimenticia son mujeres, “Muchas de ellas sin posibilidades reales de acceder a un mercado laboral en el que se les retribuya adecuadamente, en razón de ubicarse en ciertos casos en un rango de edad que dificulta su contratación o por no haber tenido la oportunidad de acceder a una mayor preparación académica, al haberse dedicado preponderantemente al hogar o al cuidado de los hijos durante la relación de pareja”.
Por otra parte, refiere que uno de los puntos a considerar para esta modificación es el número creciente de divorcios en el país, toda vez que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019, en México se registraron 504 mil 923 matrimonios y 160 mil 107 divorcios. “Es decir, por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.7 divorcios, y se detalla que, a través del tiempo, esta relación ha ido en incremento, al pasar de 15.1 en 2010 a 31.7 en 2019”.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
