El Pleno de la LXV Legislatura avaló con 40 votos, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.
Con ello, se busca fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Supremo Tribunal Constitucional y lograr que los espacios de decisión judicial sean ocupados por los mejores hombres y mujeres, que un verdadero sistema de carrera judicial pueda ofrecer a los mexicanos, asimismo se impedirá que los poderes constituidos rebasen la competencia que expresamente le señala la Carta Magna, separando la jurisdicción ordinaria de la del ámbito constitucional.
En este sentido, se abonará al fortalecimiento del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos. Asimismo, permitirá combatir la corrupción, nepotismo y acoso, al dotar al Consejo de la Judicatura de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones, además de adoptar la paridad género.
Se consolidará una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición, al indicar que el Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.
Además, se eleva a rango constitucional el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, el cual será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Por su parte, la Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de llevar a cabo la capacitación y profesionalización del personal otorgándole un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también, la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos, brindando acceso a la justicia a los sectores más vulnerables de la población, que requieran de una asistencia gratuita y de calidad que garantice la defensa de sus derechos.
Con ello, se busca fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Supremo Tribunal Constitucional y lograr que los espacios de decisión judicial sean ocupados por los mejores hombres y mujeres, que un verdadero sistema de carrera judicial pueda ofrecer a los mexicanos, asimismo se impedirá que los poderes constituidos rebasen la competencia que expresamente le señala la Carta Magna, separando la jurisdicción ordinaria de la del ámbito constitucional.
En este sentido, se abonará al fortalecimiento del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos. Asimismo, permitirá combatir la corrupción, nepotismo y acoso, al dotar al Consejo de la Judicatura de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones, además de adoptar la paridad género.
Se consolidará una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición, al indicar que el Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.
Además, se eleva a rango constitucional el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, el cual será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Por su parte, la Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de llevar a cabo la capacitación y profesionalización del personal otorgándole un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también, la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos, brindando acceso a la justicia a los sectores más vulnerables de la población, que requieran de una asistencia gratuita y de calidad que garantice la defensa de sus derechos.
