El Gobierno mexicano y los empresarios han pactado este miércoles una tregua para discutir los esquemas de subcontratación del empleo. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha accedido a llevar la reforma del outsourcing al Legislativo hasta febrero de 2021 a cambio de que las empresas contemplen cambiar las prácticas de contratación de sus trabajadores. López Obrador ha firmado este acuerdo durante su conferencia con nueve líderes del sector empresarial –encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) – y diez, de organizaciones obreras, entre ellas la Confederación de Trabajadores de México (CTM) .
La propuesta original de López Obrador, que fue presentada en noviembre, buscaba llegar al Congreso antes del 15 de diciembre, sin embargo, la oposición de parte de diversos grupos empresariales llevó a las patronales hasta Palacio Nacional para negociar los términos de la reforma laboral. El fruto de la negociación ha sido un nuevo plazo, pero también nuevas consideraciones y el compromiso por parte de los contratantes de la disminución de las condiciones laborales precarias para sus empleados. El Ejecutivo buscaba en su iniciativa original permitir el outsourcing solo para actividades que no estuviesen relacionadas con el modelo de negocios de las empresas, además, planteaba una revisión cada tres años por parte de la Secretaría del Trabajo a las firmas que hacen la subcontratación.
El nuevo panorama plantea que los empresarios y el Gobierno se sentarán a debatir sobre las condiciones del reparto de utilidades para los empleados subcontratados. También, las empresas se han comprometido a regularizar sus plantillas de trabajadores lo más pronto posible. El Ejecutivo ha pedido a los empleadores no realizar despidos masivos en diciembre para evitar el pago de aguinaldo (bonos de Navidad), ni para continuar con una nueva contratación que le impide a los trabajadores generar antigüedad y recibir beneficios por los años trabajados.
“Se le va a notificar y se le va a pedir respetuosamente al Congreso, que nos esperen, de modo que la iniciativa que están analizando pueda ser mejorada, enriquecida a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue”, dijo el presidente en su conferencia matutina. Luego, cada uno de los representantes de las patronales empresariales y obreras se han presentado en el escenario a firmar el compromiso. En México, unos cuatro millones de personas cuentan con contratos de outsourcing, por lo que los empresarios señalaron que la prohibición de este tipo de empleo podría dañar severamente el clima laboral en México, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia.
“Nosotros privilegiamos siempre el diálogo. Es obvio que podemos tener puntos de vista distintos, pero lo que siempre vamos a tener es el bienestar de los trabajadores como representantes empresariales”, ha comentado Carlos Salazar, presidente del CCE. “Nos interesa que los trabajadores siempre vayan mejor, que los trabajadores reciban lo que les corresponde de acuerdo a su esfuerzo y que de alguna manera el trabajo el cual nosotros privilegiamos siempre sea la orientación de cualquier empresario en cualquier rincón del país”.
El tono conciliador, sin embargo, no abarcó a todos los grupos empresariales. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han rechazado el acuerdo que el resto de las patronales firmaron. Desde su perspectiva, la iniciativa de López Obrador “preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada solo a la subcontratación especializada”. Estos grupos argumentan que prohibir el outsourcing podría dañar el desarrollo de la inversión, principalmente, para pequeñas y medianas empresas. Aunque aseguran que están abiertos al diálogo orientado hacia la regulación de esta forma de contratación.
