El plazo para el registro de recién nacidos en Veracruz se reduciría, de acuerdo con la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 681 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México.
En nombre de dicha bancada, el diputado Jorge Moreno Salinas hizo uso de la tribuna, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para poner a consideración del Pleno el planteamiento mencionado.
El referido artículo –recordó el legislador- establece que el padre y la madre tienen la obligación de declarar el nacimiento, de manera inmediata, si en el hospital donde nació el menor hubiere módulo del Registro Civil, o dentro de los 180 días de ocurrido aquél. Las y los diputados proponen que este acto de responsabilidad se lleve a cabo dentro de los sesenta días del nacimiento.
En el párrafo segundo del mismo artículo, plantean ampliar la hipótesis de los sujetos obligados a dar aviso al Registro Civil del nacimiento de una persona (los médicos, cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto), referente a que, si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación estará a cargo del Director o de la persona encargada de la Administración, a fin de que con ello se haga aun más extensiva la forma en que el Estado conozca del nacimiento de una persona y, con ello, garantizarle sus derechos a la identidad y a contar con un nombre.
El plazo propuesto en la Iniciativa para dar aviso por escrito del nacimiento pasaría de tres días a las 24 horas posteriores al alumbramiento.
Con estas modificaciones, a juicio de las y los proponentes, se contribuiría a ampliar aun más la cobertura de los registros de nacimientos en Veracruz que, con 98.5 por ciento, ocupa el octavo sitio entre las entidades federativas con mayor porcentaje de población con acta de nacimiento, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para su estudio, la Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
