La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa, con proyecto ante el Congreso de la Unión, por la cual prevé reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de apuntalar el procedimiento para que las y los solicitantes de una declaración de Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las mujeres, tengan respuesta expedita de las autoridades, en beneficio de la prevención, atención y erradicación de la violencia que viven gran parte de las mujeres en México.
Al detallar su propuesta, la legisladora subrayó que, para darle nitidez e imparcialidad a la selección de las personas que finalmente habrán de investigar la solicitud de AVG, propone la existencia de un Grupo Interinstitucional amplio que tenga como objetivo la elección de las integrantes del Comité de Expertas, quienes a su vez deberán ser electas posterior a una convocatoria pública.
Por otra parte, expuso, se prevé una reestructuración del mecanismo, con la intención de dotarles de mayor eficacia, de tal manera que las modificaciones y adiciones propuestos contemplen cambios en la regulación de las Alertas, en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo Federal y las bases de coordinación, entre éste y las entidades federativas y municipios, para su ejecución.
En cuanto al Comité de Expertas, se señala que será un cuerpo técnico colegiado, con independencia de decisión, responsable de la recepción, análisis, evaluación, investigación, información y emisión de un informe en el que se determinen las violaciones a derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con los conceptos de la AVG.
La duración del encargo del Comité de Expertas será por un período de dos años, pudiendo reelegirse por una ocasión por otro periodo igual, garantizando la rotación de las integrantes de forma escalonada conforme al reglamento de la presente Ley.
La integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido, precisó que “tradicionalmente” la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, había tenido una posición negativa para todas las solicitudes de AVG. “Esto, partiendo de una evidente posición política, fincada en una pretensión de proteger al gobierno en turno”.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.
