La
diputada María de Jesús Martínez Díaz, del Grupo Legislativo del Partido de
Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto de punto de acuerdo donde se
exhorta a las autoridades competentes a dar cumplimiento a la reforma del
Código de Derechos por el que se exceptúa el cobro del derecho de inscripción,
de los contratos relativos a la constitución de créditos agrícolas con garantía
hipotecaria, celebrados entre los productores del sector primario.
Recordó
que durante la Sexagésima Cuarta Legislatura se aprobó una iniciativa de
decreto que reformó diversas disposiciones del Código de Derechos para el estado
de Veracruz, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número
Extraordinario 362 de fecha 10 de septiembre de 2018.
Esta
reforma, puntualizó la legisladora, tuvo como finalidad exceptuar el pago de
las inscripciones al Registro Público de la Propiedad en el estado de Veracruz,
por créditos hipotecarios destinados a la producción en el sector primario, ya
sean otorgados por instituciones bancarias de primer o segundo piso; o fondos o
de riesgo compartido.
Lo
anterior –añadió- permitiría que la contratación de créditos sea menos costosa,
otorgando facilidades para acceder a programas, apoyos y fondos agrícolas del
Gobierno Federal, Estatal y de instituciones crediticias.
Sin
embargo aseguró “es una verdadera pena que dicha reforma, hoy vigente, no se
aplique porque no es acatada en sus términos
por los titulares de las oficinas del Registro Público de la Propiedad
en las diferentes zonas registrales que se encuentran en el estado de Veracruz,
y que dependen de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías, y este a su vez de la Secretaría
de Gobierno”.
Asimismo,
subrayó que en este caso los servidores públicos responsables de los registros
públicos de la propiedad, de acuerdo a los estatutos legales estarían
cometiendo los delitos de Incumplimiento del deber legal, establecido en el
artículo 319 del Código Penal del Estado de Veracruz.
Además,
de violentar la Ley del Registro Público de la Propiedad en su artículo 76, así
como la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz.
El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su
trámite legislativo correspondiente.
