Entre 2007 y 2018 el Órgano de Fiscalización Superior ha
cumplido con sus responsabilidades al presentar 172 denuncias, que corresponden
a un total de 34 mil 601 millones 495 mil 48 pesos y 99 centavos, informa
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, titular del Orfis.
En años más recientes, indica, la situación no fue distinta,
pues de la fiscalización superior del año 2010 se presentaron 17 denuncias; de
2011 una; de 2012 fueron 10; de 2013 sumaron 14 y de la revisión del ejercicio
2015 llegaron a 26 por más de 22 mil millones de pesos, relativas a
irregularidades en dependencias como las secretarías de Educación, Seguridad
Pública, Finanzas y Planeación, Desarrollo Agropecuario, el Instituto
Veracruzano del Deporte, el Seguro Popular, la Secretaría de Gobierno, entre
otras. Todas las denuncias fueron presentadas en su momento ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General) y otras ante
la Fiscalía General de la República cuyas autoridades tienen la documentación,
pruebas y los elementos que integran estos 172 expedientes elaborados por
personal especializado del Orfis.
“Cada una de las denuncias ha sido contra quien resulte
responsable; será el ministerio público quien determine el servidor público o
exservidor público responsable de hechos o prácticas contrarias a sus
obligaciones y a los preceptos jurídicos; dichas imputaciones son el punto
final de un proceso de fiscalización que se siguió paso a paso, desde la
planeación de la auditoría hasta la elaboración del informe, y como lo señala
la ley que nos rige se respetaron los procesos y plazos para solventar las
observaciones determinadas”, señala, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.
Cada denuncia tiene como objetivo que las instituciones y en
sí cada habitante de Veracruz, recupere el dinero que fue presupuestado para
obras y acciones en beneficio de la colectividad, y se imponga un castigo a
quienes desviaron de los fines previstos los recursos públicos.“Por lo que
corresponde a los resultados del ejercicio 2016, se interpusieron 37 denuncias
que en su conjunto representan una afectación patrimonial a la hacienda pública
del orden de los nueve mil millones de pesos.
En la Cuenta Pública 2017 y avances de 2018 lamentablemente
las circunstancias no fueron diferentes, pues a la fecha hay denuncias en
contra de los institutos tecnológicos superiores de Pánuco, Perote y Las
Choapas, la Universidad Politécnica de Huatusco, la Universidad Tecnológica del
Sureste de Veracruz; además del Fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano,
Servicios de Salud de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Social, el
Instituto de Espacios Educativos y los municipios de Cuichapa, Citlaltépetl y
Cosamaloapan, además de las presentadas ante la FGR, como fue el caso de las
irregularidades detectadas en la Secretaría de Seguridad Pública, por la
contratación del Sistema Estatal de Videovigilancia”, manifiesta.
Además, se tramitaron otras cinco denuncias por
irregularidades en la construcción del puente Capoacán en Minatitlán, así como
por empresas no localizadas en una investigación del Servicio de Administración
Tributaria contratadas por las Secretarías de Desarrollo Social, de Protección
Civil y de Educación.
“Los números son fríos, no muestran filias ni fobias,
revelan un panorama que no hace distingos de partidos, sólo señalan una
actuación por parte de los involucrados al margen de la legalidad y los
objetivos superiores del Estado. Es la impartición de justicia la que debe
continuar en esa línea imparcial, expedita, clara y transparente”, puntualiza.
