Con 34 votos a favor, 11 en contra el Congreso de Veracruz se convirtió en el onceavo estado en aprobar el proyecto de decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución respecto a la Reforma Educativa.
Con el grito de “Ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó”, los legisladores de Morena festejaron la mayoría en el tablero electrónico.
Previo a la votación legisladores fijaron posturas; a nombre de Morena el diputado Wenceslao González Martínez, dijo que con la Reforma se quita el poder a los sindicatos y sus líderes quienes estarán obligados a celebrar elecciones democráticas.
Por su parte, Partido Acción Nacional (PAN), criticó que el análisis del dictamen para aprobar la Reforma Educativa, apenas duró media hora.
Al expresar el sentido del Grupo Legislativo del PAN en contra de la minuta sobre la reforma educativa, el diputado Rodrigo García, señaló que la reforma constitucional aprobada el pasado 9 de mayo en el Senado de la República, no fue analizada ni debatida como su naturaleza lo exigía, lo que la convirtió en una herramienta política usada por el partido en el Gobierno Federal a beneficio de un sindicato magisterial.
Lamentó que para su aprobación se haya utilizado al magisterio, específicamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para presionar en razón de la abrogación de la reforma implementada por la pasada administración, y así proponer y aprobar su propia reforma.
Por el PRI, fijó postura Erika Ayala quien señaló que la evaluación no podría ser un factor de permanencia en el cargo y esta fue una demanda de los docentes. La fracción “Del Lado Correcto de la Historia” se pronunció en el mismo sentido.
La discusión, que se prolongó por casi dos horas, señala la eliminación de las evaluaciones punitivas al desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como organismo autónomo.
Con las modificaciones se crea la Ley y el organismo del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en el cual la federación tendrá la rectoría para la asignación de plazas.
La educación universitaria estará contemplada como un nivel educativo de carácter obligatorio y el Estado garantizarán “los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones idóneas en los entornos educativos”.
Además se buscará combatir la corrupción y que ahora los sindicatos magisteriales elijan a sus dirigentes de manera democrática, a través de elecciones secretas.
Se recordó que una vez que entre en vigor el decreto se derogará la Ley General del Servicio Profesional Docente y las leyes secundarias quedarán sin efecto, junto con los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general.
