Senadores de la República se reunieron con el director general de Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) Alfonso Morcos Flores, quien explicó que la cuarta subasta de energías limpias se canceló hasta que sean modificadas las bases y reglas del mercado de una forma más equitativa.
Señaló que resultaba más caro adquirir energía para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que hay una serie de “subsidios indirectos y ocultos”, porque la red de transmisión y el sistema de distribución lo pagaría dicha Comisión. El transporte es muy barato. “Por eso hay tantos interesados en invertir. Todo el respaldo lo haría la CFE”.
Aunado a ello, indicó que CFE primero tenía que pagar los certificados de energía limpia y, finalmente, al realizar el balance de potencia, también tendría que pagarlo. Si sumamos todos los componentes de costo y respaldo, era más caro adquirir energía por este método, explicó.
Por lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad manifestó desinterés por adquirir energía mediante dicho método. Esperará hasta que se desarrolle el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Hasta entonces se acordó suspender las subastas por tiempo indefinido. “Estamos evitando el robo a ultranza que está haciendo la industria privada”.
Refirió que a fines de 2018 se emitió una convocatoria para una subasta de corto plazo, donde no hubo participantes, ni concursantes, nadie que quisiera comprar energía por esa vía.
Con respecto al tema de abasto de energía en la Península de Yucatán, indicó que es necesario buscar alternativas. Para la generación de la misma, propuso, podría ser diésel en vez de gas. Podría implementarse un suministro alterno para que haya diésel y minimizar así el riesgo de las desconexiones de las líneas de trasmisión, precisó.
Al respecto, el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, consideró que la cancelación de las subastas es un retroceso. Es necesario regular el sector privado para que sus empresas puedan generar la energía que el Estado no puede en el corto plazo.
Sin embargo, argumentó, parece que se quiere acabar con las empresas que quieren producir energía limpia y barata. “Si hay robo a ultranza de la industria privada se debe denunciar; como ciudadano y funcionario está obligado a denunciar”.
Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, subrayó que la Península de Yucatán es deficitaria en su balance de energía debido a que, en promedio, 573 gigawatts mensuales son importados de otras regiones para satisfacer las necesidades de consumo eléctrico la región.
Aseguró que la deficiencia de generación de energía eléctrica tiene como consecuencia los apagones, además de que se paga 120 por ciento más por el consumo, que el resto de las regiones del país.
El senador Américo Villarreal Anaya, de Morena, dijo que es “lamentable” el desmantelamiento de la capacidad operativa que tenía el Estado en esta materia. El Estado debe recuperar su productividad para tener más oportunidades de oferta y mejores precios.
