La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 2º y 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para establecer el concepto de Inversión Pública Productiva Sustentable, y que los entes públicos puedan contraer financiamientos u obligaciones para ese tipo de proyectos.
El documento, avalado por 459 votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra, turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, define este tipo de inversión a toda aquella que genere un beneficio social y cuya finalidad sea energías renovables, construcción sustentable, eficiencia energética, transporte limpio, agua, manejo de residuos y agricultura, forestación, bioenergía y cadena de abastecimiento de alimentos.
Refiere que para recurrir a esos proyectos se tendrá que acudir a la Banca Nacional de Desarrollo y ésta, a su vez, al financiamiento de organismos internacionales en los que el Estado ostente participación.
Se fijan tres requisitos para acceder a estos financiamientos: los recursos obtenidos deberán destinarse única y exclusivamente hacia inversión pública productiva sustentable.
La secretaría federal del ramo determinará las reglas a las cuales estarán sujetos dichos financiamientos, salvaguardando la viabilidad financiera y las mejores condiciones de acceso al crédito.
Previo al dictamen de la secretaría, los entes públicos podrán estar exentos de los procesos competitivos a que se refiere la ley.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), subrayó que la reforma funciona para empoderar a los municipios y los estados, además de fortalecer las finanzas públicas. “Es una modificación que hace frente a la falta de recursos que se encuentran en los municipios y en nuestros estados para realizar inversiones sustentables”.
Explicó que el dictamen contempla exentar del proceso competitivo a los financiamientos otorgados por aquellos organismos financieros internacionales. De esta forma el financiamiento tendrá tasas de interés mucho más bajas y de acompañamiento técnico por parte de entidades mundiales.
Se trata de fijar candados para evitar endeudamiento innecesario, porque los recursos se destinarán única y exclusivamente para inversión pública productiva sustentable.
Además, la Secretaría de Hacienda emitirá las reglas a las cuales estarán sujetos los financiamientos. Analizará caso por caso y elaborará un dictamen de viabilidad para garantizar las mejores condiciones de acceso al crédito.
Puente Salas agregó que con estas reformas también se contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable y a la lucha contra el cambio climático.
