El tesorero del municipio de San Luis Potosí, Rodrigo Portilla Díaz, dio a conocer que la administración pasada encabezada por Ricardo Gallardo Juárez desvío alrededor de 15 millones de pesos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
De acuerdo con lo dicho por Portilla Díaz, los 15 millones de pesos desviados del programa que ofrece subsidio para la seguridad en los municipios proporcionado por el gobierno federal fueron utilizados para la compra de ollas que regalaron a aquellas personas que pagaron su predial.
El tesorero municipal también indicó que para este año el gobierno federal hizo un recorte al presupuesto destinado al programa Fortaseg en la capital de San Luis Potosí de mil millones pesos menos en comparación del año anterior.
Asimismo, señaló que será a través de los recursos que obtienen por participaciones con los que se hará frente al recorte presupuestal, por lo que el municipio no se verá afectado.
“Por medio de los recursos que nos llegan en participaciones vamos a poder hacerle frente a este recorte de recursos, San Luis no se verá afectado por esta reducción, tenemos un plan, vamos a complementar el recurso de otras áreas y vamos a salir adelante” puntualizó Portilla Díaz.
Ya fue denunciado
A inicios de la semana, el presidente Municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, dio a conocer que interpuso una denuncia penal en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y algunos miembros que lo acompañaban en su gabinete. Lo anterior debido a que se permitieron delitos de carácter ambiental en la capital.
De acuerdo con Xavier Nava, los involucrados buscaron un cambio de uso de suelo de manera ilegal en el área natural protegida ubicada en el Paseo Camino a la Presa. Asimismo, el presidente informó que la asociación Cambio de Ruta fue la primera que interpuso un amparo ante este abuso por lo que reconoció su labor.
Asimismo, Xavier Nava manifestó su reprobación ante la conducta de la administración pasada al violentar la Ley ambiental y aseguró que el exalcalde abusó de su poder.
“Usó el poder político para saquear el bien común, por eso hoy denunciamos los delitos contra quienes con dolo y ambición desmedida, atropellaron sistemáticamente la ley. En este caso en particular, no acataron una suspensión definitiva ordenada por un juez federal, violaron la Constitución General de la República, y la Ley de Amparo entre otros ordenamientos”.
