Xalapa, Ver.- La cuenta pública 2017 detectó daño patrimonial por más de 1 mil 022 millones de pesos en el ejercicio del gasto de 153 municipios y dos entidades paramunicipales, entre ellas la comisión de agua potable y saneamiento de Xalapa y Lerdo de Tejada.
El informe de resultados que presentó este lunes el Organismo de Fiscalización Superior del Estado señala que se lograron recuperaciones en reintegros a la hacienda pública por 12 millones de pesos.
Los municipios con mayores desvíos fueron Coatzacoalcos con 142.2 millones de pesos, San Andrés Tuxtla con 56 millones de pesos, Pueblo Viejo con 25 millones de pesos, Lerdo de Tejada con 24 millones de pesos, Naolinco con 22 millones de pesos, Emiliano Zapata con 50 millones de pesos, Álamo Temapache con 27.9 millones de pesos, ixhuatlán de Madero con 34.5 millones de pesos, Las Choapas con 26.3 millones de pesos.
Xalapa tuvo un daño patrimonial de 7 millones de pesos en el ayuntamiento más 20 millones de pesos en la Comisión de Agua y Saneamiento, mientras que Coatepec tuvo un daño patrimonial de 9 millones de pesos.
En el informe estatal de resultados de los entes fiscalizables 2017, realizó auditorias financieras y presupuestales donde detectó en general inconsistencias como: Anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, Saldos de Deudores Diversos cancelados sin evidencia documental.
Además, detectó erogaciones sin comprobación documental, Erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios, Adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable, y Falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia.
En las auditorias técnicas a la obra pública se detectó: Pago de costos elevados en obra pública, volúmenes de obra pública pagados no ejecutados, falta de expedientes técnicos unitarios de obra, obras sin terminar o fallidas, obras no ejecutadas, obras pagadas sin ejecutar y obras sin la validación de la Dependencia o Instancia normativa.
Los ayuntamientos tienen un plazo de quince días hábiles para que presenten las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria que las solvente debidamente.
Adicionalmente el Orfis informó que se elaboran los Informes Individuales de los Entes Fiscalizables y el Informe General Ejecutivo, mismos que se entregan al Congreso del Estado, a más tardar el primero de octubre.
Luego de que la Comisión de Vigilancia del Congreso Local emita el Dictamen de los Informes y se somete al Pleno la autorización, a más tardar el último día de octubre, el congreso tendrá que instruir al Orfis para iniciar la investigación respectiva de las observaciones de presunto daño patrimonial y aquellas que se puedan constituir como Faltas Administrativas Graves.
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