El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, garantizó que la nueva Fiscalía General contará en los
hechos, con absoluta autonomía y no recibirá consigna del presidente de la
República, y adelantó que como titular del Ejecutivo federal ganará un sueldo
bruto de 108 mil pesos mensuales.
En rueda de prensa luego de reunirse con algunos integrantes
del que sería el gabinete del siguiente gobierno federal, indicó que el ajuste
de los sueldos para los altos funcionarios públicos se haría a partir de
quienes ganen más de un millón de pesos anuales.
«O si se quiere ver, los que reciben tres, cuatro
millones al año, hasta un millón (de pesos); de ahí para abajo no va haber
ajuste porque se trata de trabajadores de nivel medio y en vez de bajar el
sueldo se va a aumentar», acotó.
López Obrador señaló que el ajuste va en congruencia con su
promesa de campaña en el sentido de que se va a bajar el sueldo de los de
«arriba» para aumentar las percepciones de los de «abajo».
Al dar a conocer los Lineamientos de su política de
Austeridad Republicana en el gobierno y combate a la corrupción, constituido
por 50 puntos, los cuales incluyen diversas reformas, expuso que sus
percepciones implican 40 por ciento menos de los 270 mil pesos mensuales que
actualmente recibe el Ejecutivo federal.
«Se va a romper el molde de cómo se hacía la política
tradicional», aclaró en su casa de transición ubicada en el número 216 de
la calle Chihuahua, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc.
En materia de combate a la corrupción, indicó que
«aspiramos a estar en los primeros lugares de honestidad en el
mundo», e indicó que para todos los servidores públicos será obligatorio
dar a conocer sus bienes.
«Todos los servidores públicos debemos respetar lo que
está establecido en la Constitución, en la ley suprema y todos estamos
obligados a que se respete», subrayó.
Al enumerar las 50 propuestas, refirió que la nueva Fiscalía
General trabajará bajo el principio liberal de «al margen de la ley nada y
por encima de la ley, nadie», a la vez que deberá garantizar que las
elecciones sean limpias y libres.
Ello, para evitar la compra del voto, la coacción, la
amenaza, el uso de presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos o
candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral. Su distintivo será la
imparcialidad y su misión la de establecer una auténtica democracia.
«La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar
este mal que tanto ha calado a México y no permitir bajo ninguna consideración
el predominio de la impunidad (…) podrá actuar con absoluta libertad y castigar
a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se
trate», explicó.
En ese rubro, puntualizó, se incluirá a compañeros de lucha,
funcionarios, amigos y familiares. «Un buen juez por la casa
empieza», aseguró.
Además, dio a conocer que se reformará el Artículo 108
constitucional para agregar que el presidente de la República en funciones
pueda ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por
delitos de corrupción.
Se suspenderán por completo fueros y privilegios para
funcionarios públicos, se reformará la Ley para considerar delitos graves el
tráfico de influencias, corrupción, asociación de funcionarios y particulares
para cometer fraude a la hacienda pública, abundó López Obrador.
Otra medida que se considerará como delito es el robo de
combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades, en tanto
que las penas no permitirían al inculpado obtener la libertad bajo fianza.
El aspirante ganador de la elección presidencial recalcó que
todos los funcionarios públicos deberán dar a conocer su declaración
patrimonial, así como la de sus familiares cercanos y será pública y
transparente en todos los casos.
Cuestionado respecto a si invitará al ex candidato
presidencial José Antonio Meade a la dirección del Banco de México (Banxico),
expresó que «tengo el compromiso de hablar con él».
Precisó que el 1 de julio, al término de la elección,
entabló una comunicación con Meade Kuribreña, y también con el aspirante
presidencial Ricardo Anaya; «no he podido ahora, voy hablar con ellos.
Para eso quiero platicar con ellos para respetuosamente saber cuáles son sus
planes, qué han decidido hacer».
Reiteró que está en «un plan de reconciliación»,
porque tras la contienda, la transición se está llevando a cabo sin sobresaltos
e incluso se ha beneficiado la economía.
