La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, urgió a
que se concluya la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues
se frena uno de los más grandes avances para lograr un manejo correcto de los
recursos públicos.
Durante la ceremonia para conmemorar el Día por la
Integridad del mes de julio, coincidió con el titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en que ésta es una de
las principales vías para enfrentar y atender problemas como la desigualdad y
la impunidad.
Gómez González destacó la urgencia del nombramiento de los
integrantes que faltan para completar el SNA, así como de la instrumentación de
la Política Nacional Anticorrupción.
Además de la aprobación de los formatos de las declaraciones
patrimoniales, a fin de que sea posible consolidar este sistema, se informó en
un comunicado.
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP)
resaltó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción analiza
las propuestas que le remitió la sociedad civil y la dependencia a su cargo,
con el propósito de que sean valoradas para la aprobación final de la Política
Nacional Anticorrupción.
En este marco, llamó a redoblar esfuerzos e impulsar medidas
que permitan la continuidad de lo alcanzado por el Sistema; «tenemos la
responsabilidad de hacer que este sistema arroje resultados efectivos y
contribuya a la regeneración de la confianza en las instituciones públicas,
aspecto fundamental para nuestra democracia».
En su oportunidad, el presidente de la CNDH, Luis Raúl
González Pérez, dijo que para una efectiva protección y defensa de los derechos
humanos, así como para alcanzar una vida digna, de bienestar, resulta esencial
consolidar la cultura de la legalidad.
También, subrayó el ombudsperson, fortalecer una cultura de
la denuncia y de la rendición de cuentas, factores fundamentales para
fortalecer la integridad y el combate a la corrupción.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, indicó que la
corrupción afecta particularmente a los sectores más desfavorecidos y que han
sido históricamente discriminados en tres sentidos.
Uno, cuando la práctica del soborno puede inclinar la
balanza de la justicia hacia quienes cuentan con mayores recursos económicos y
dos, cuando la práctica de la extorsión condiciona a personas de menores
recursos.
Particularmente a las mujeres, servicios o bienes públicos a
cambio de una cuota. Y tercero, el involucramiento de funcionarios de alto
nivel se da cuando se diseñan políticas públicas a expensas del bienestar de
ciertos colectivos, por lo que llamó a que la lucha contra la corrupción coloque
en el centro de su atención los derechos humanos y la no discriminación.
