Autoridades mexicanas ya investigan y si es el caso procederán jurídicamente, ante la posible desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dio a conocer a medios de comunicación la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La PGR, desde el momento en que tuvo conocimiento verbal de estos hechos por parte de la oficina del Alto Comisionado, abrió de inmediato una Carpeta de Investigación que permita bajo el marco legal, conocer, investigar y, si es el caso, proceder jurídicamente contra quienes hubiesen podido cometer delitos, en particular privaciones ilegales de la libertad sobre persona alguna.
Del mismo modo, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), se trasladará a la ciudad de Nuevo Laredo, el Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, y personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la institución.
Ello, para que, in situ, platique con familiares y personas que puedan aportar elementos para conocer la veracidad de esta información, dar protección y seguridad si así lo requieren los testigos, y poder ayudar, en su caso, de manera pronta a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la PGR, señalaron que este día, el Gobierno mexicano tuvo conocimiento por diversos medios de comunicación internacionales, desde Ginebra, Suiza, del informe del Alto Comisionado sobre la posible desaparición de personas.
Según esos dichos, 21 hombres y dos mujeres habrían sido privados de la libertad por miembros de una fuerza de seguridad federal (que no se específica en el comunicado), sin que al día de hoy se conozca su paradero.
En ese sentido, destacaron que, sin tener conocimiento oficial del informe aludido, de inmediato la Cancillería mexicana solicitó una reunión urgente con representantes de esa oficina de Naciones Unidas para conocer con exactitud el contenido del mencionado informe.
Subrayaron que cualquier información sea oficial o no que emiten organismos internacionales que tiene que ver con México, “se les valora con absoluta seriedad y respeto, tomando medidas inmediatas al respecto, sin prejuzgar sobre las conclusiones que por vía testimonial ha emitido el organismo internacional”.
El Gobierno mexicano señaló que la probable comisión de delitos o la respuesta de la autoridad a la inseguridad pública no puede hacerse al margen de la Ley y menos aún, cometiendo en sí misma actos criminales.
“El Estado legitima su actuación porque emana de lo que la Constitución General de la República le obliga y permite hacer, reiterando que esta convicción se hace sin prejuzgar sobre las identidades de los autores materiales de los delitos señalados en el informe”.
En esa condición, dijo, es que se ha tenido conocimiento del informe que se ha rendido a medios de comunicación el día de hoy y se procederá, al margen de conocer su contenido oficialmente, ante la posible constitución de hechos delictivos.
