Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas son los cinco estados que más contrataron deuda en 2017, refiere el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Estados y Municipios.
De acuerdo con datos actualizados, el estado de Veracruz fue el que contrató el mayor monto de obligaciones financieras por 38,562 millones de pesos (mdp).
De un total de 16 contratos celebrados con instituciones financieras, 10 fueron solicitados por el gobierno estatal por 37,999 mdp, los cuales fueron utilizados para refinanciar su deuda.
En tanto, el estado de Nuevo León registró 26,575 mdp por la emisión de nueva deuda en 2017, de este total, el 80% fue destinado al refinanciamiento y el 15% para inversión pública productiva.
Michoacán fue la tercera entidad con mayor emisión de deuda al solicitar 10,735 mdp, a través de la celebración de 10 contratos.
De este total, 3,745 mdp fueron para cubrir necesidades de corto plazo, el pago de deuda con proveedores y contratistas; 3,288 mdp se usaron para refinanciar deuda y 3,700 mdp para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
De acuerdo con la ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios que entró en vigor en 2016, el financiamiento para los estados sólo puede ser utilizado para refinanciar o reestructurar la deuda pública, con el objetivo de disminuir sus gastos por intereses, y así holgar las presiones financieras locales.
Esta Ley estipula que todas las solicitudes de deuda deben ser aprobadas al menos por dos terceras partes del congreso local respectivo, excepto la Ciudad de México.
Las operaciones de refinanciamiento tampoco necesitan autorización de la legislatura local, pero los gobiernos deben garantizar que exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, que no se incremente el saldo de la deuda que se reestructura, y que no se amplíen los plazos de vencimientos originales de los financiamientos, refiere el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en su análisis El ABC de la Ley de Disciplina Financiera.
La emisión de deuda en los estados y municipios también se limita a que sea utilizada para la inversión pública productiva, como la construcción de escuelas, hospitales, centros de salud, o programas que incentiven el desarrollo de proyectos, y no para el pago de gasto corriente, como vehículos o nóminas.
No obstante, la emisión de deuda pública no ha significado mayores o mejores servicios públicos o una reducción notoria de la pobreza, refirió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el lunes pasado a través de un comunicado.
El organismo patronal consideró necesario que realmente se dé transparencia al uso de recursos públicos para que se destinen eficazmente a la inversión pública, proyectos productivos y a programas sociales trascendentes en las economías estatales.
De acuerdo con el Registro Público de la secretaría de Hacienda, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala no registraron emisión de nueva deuda en el año que acaba de terminar.
Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí y Puebla fueron las entidades con los montos de emisión menores, con 23 mdp, 56 mdp, 300 mdp y 338 mdp, respectivamente
