El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó multas para el PRI, el PVEM, PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano por 191 millones de pesos por sanciones en la fiscalización de las elecciones federales de 2012, ante los rebases de topes de campaña del entonces candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, y por la comprobación de gastos de candidatos que no pertenecían a la entonces coalición Compromiso por México.
A propuesta del consejero Enrique Andrade se aprobó que los cobros de las multas se realicen una vez pasados los comicios del próximo 1 de julio de 2018, con el objetivo de no afectar la equidad en la contienda electoral que comenzará en tres días.
“Que las sanciones que se están proponiendo en estos acatamientos se pudieran empezar a cobrar hasta después del día de la jornada electoral del 1 de julio de 2018, lo anterior encontraría su fundamento en el que estamos determinando la fiscalización de la campaña de lo que fue 2012… En donde señala que cualquier afectación al patrimonio de los partidos políticos, justo en estos momentos de inicio de proceso electoral pudiera ser determinante para el desarrollo de las elecciones y por lo tanto vulnerar el principio de equidad”.
Por su parte, el consejero José Roberto Ruiz se mostró en contra al señalar que “se perdería la característica o finalidad de las sanciones cómo es su carácter inhibitorio y por otra parte creo que precisamente el argumento de la equidad es el que debe prevalecer para que no se haga una distinción porque también está la equidad sobre respecto de los partidos que no están siendo sancionados”.
Esta propuesta no fue avalada pero si apoyada por la consejera Pamela San Martín, quien aseguró que los partidos no serían sancionados sino incumplieran la ley.
Señalar que la entonces coalición Compromiso por México integrada por el PRI deberá pagar 78 millones de pesos de sanción y el PVEM 19 millones; mientras que el Movimiento Progresista se hizo acreedor a una sanción de 46 millones para el PRD; 22 millones para Movimiento Ciudadano y 24 millones para el Partido del Trabajo.
